El acusado fue beneficiado con prisión domiciliaria, la cual cumplirá en su hogar en el Pacheco Golf Club, en Tigre. Logro tal beneficio luego de pagar una caución de $380 millones.
Minutos antes de la una de la madrugada, Enrique Juan Blaksley Señorans, cruzó el portal de entrada al barrio privado ubicado en Tigre. Dos horas antes, había cruzado el portón de salida de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza. Allí fue donde estuvo detenido durante 4 años y ocho meses acusado de ser el ideológo y autor de una mega estafa a través de la captación de dinero proveniente de ahorristas. Fue así que recibió el mote de “Madoff argentino. Continuara el proceso judicial desde su hogar.
El miércoles por la mañana, Blaksley firmó la notificación de la prisión domiciliaria a la que había accedido después de que se certificaran los dominios de todos los bienes muebles e inmuebles aportados por familiares y allegados del ex presidente de Hope Funds para cubrir los 380 millones de pesos de caución que le habían sido impuestos para acceder a la prisión domiciliaria.
La medida no se podía hacer efectiva hasta que no le colocaran la pulsera electrónica con la cual se debe monitorear que cumpla la prisión domiciliaria dentro del rango geográfico de restricción, y el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica no disponía de un dispositivo de monitoreo GPS para asignarle.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, que el 5 de este mes había otorgado el beneficio a Blaksley, requirió un tratamiento de urgencia de la situación, debido a que el acusado está detenido en prisión preventiva desde el 10 de abril de 2018. El dispositivo apareció ayer a la tarde y pasadas las 22, el expresidente de Hope Funds pudo salir del penal federal.
En octubre,el fiscal Córdoba había pedido que Blaksley sea condenado a 10 años de prisión por los siguientes delitos: asociación ilícita, 311 hechos de estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorros no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública. Además de imponerle una multa de casi 230 millones de pesos, seis veces el monto del dinero presuntamente lavado en eventuales operaciones fraudulentas.