Se trata del juicio que se realizó en la Legislatura de Chubut, por los hechos ocurridos en 1975, en donde los dos exfederales fueron acusados de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas.
El juicio se realizó en la sede de la Cámara de Diputados de Chubut a pedido de las víctimas, quienes solicitaron que las audiencias no se realicen en el edificio del casino de oficiales del Servicio Penitenciario, donde habitualmente se desarrollan debates de diversas causas.
Los acusados pertenecían a la Delegación de la Policía Federal de la capital del Chubut a quienes se identificó como los que ejecutaban las prácticas de torturas conocidas como "submarino seco" y la aplicación de descargas eléctricas.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Ana D’Alessio, en tanto en representación del Ministerio Público intervino el fiscal general Teodoro Nürnberg.
Los acusados fueron los ex policías José Antonio Pereyra, Pedro Pascual Cáceres, Luis Horacio Coria y Jorge Norberto Lagunas.
Llegaron a juicio imputados como coautores de la privación ilegítima de la libertad agravada, incomunicación indebida y tormentos agravados por tratarse de la víctima un perseguido político en perjuicio de las nueve víctimas.
El ex policía Carlos Azcui, por cuyo nombre se conoce al expediente, falleció durante el proceso, y los hechos investigados ocurrieron a fines de 1975 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en pleno Estado de Sitio que se había declarado en noviembre del año anterior mediante decreto 1368/74.
En la elevación a juicio se consignó que Diana Pizá, Tito Mario Barone, Eduardo Pedro Manchado, Beatriz Norma Santos, Patricio Emilio Torne, Estela Aida Cereseto, Silvia Asaro, Víctor Tomaselli y Luis Eduardo Franganillo fueron sometidos a torturas e interrogatorios en la Delegación Rawson de la Policía Federal.